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Gobierno e Iglesia enfrentados
por la propiedad privada

Un nuevo conflicto se abrió entre el Gobierno y la Iglesia por el proyecto oficial que busca declarar la inviolabilidad de la propiedad privada. La iniciativa, impulsada por Federico Sturzenegger, modifica la ley de integración sociourbana y acelera desalojos mediante juicios exprés.

La Iglesia cuestiona el proyecto porque pondría en riesgo la urbanización de barrios populares y la suspensión de desalojos, que benefician a cinco millones de personas en 6467 asentamientos. El cardenal Ángel Rossi advirtió que “toda familia debe tener un techo digno y acceso a servicios básicos”, y reclamó garantizar las “tres T”: tierra, techo y trabajo.

Los obispos sostienen que la propiedad privada no es un derecho absoluto y debe subordinarse al bien común, en línea con la doctrina social de la Iglesia. También alertaron que la falta de integración urbana expone a los barrios al narcotráfico y la marginalidad.

En el Senado, representantes eclesiásticos pidieron mantener el rol activo del Estado en la regularización dominial y la urbanización, para evitar un retroceso social que afectaría a miles de familias vulnerables.

Lo que la Iglesia defiende es la ley de integración sociourbana, que suspende desalojos y promueve la urbanización con participación comunitaria. Desde su doctrina social, sostiene que la propiedad privada existe, pero no es un derecho absoluto: debe armonizarse con el destino universal de los bienes y el bien común.

En palabras del cardenal Rossi, la deuda social se paga garantizando las “tres T”: tierra, techo y trabajo. Por eso, la Iglesia no legitima ocupaciones ilegales, sino que busca que el Estado mantenga un rol activo en la regularización dominial y la urbanización, evitando que familias vulnerables queden “sin hogar” y expuestas a la marginalidad o al narcotráfico.

En síntesis: la Iglesia no avala usurpaciones, sino que reclama que la política pública priorice la dignidad de quienes ya habitan en barrios populares y necesitan soluciones habitacionales estables.

Sin embargo, muchas de esas personas por las que la Iglesia reclama, para que tengan tierra, techo y trabajo, han ocupado ilegalmente tierras, otros han usurpado viviendas que tienen dueño y lo peor es que en varias de esas viviendas usurpadas hay cocinas de droga, prostitución, etc. De hecho, se dejó avanzar la creación de villas, de una manera incontrolable, que ahora no se puede frenar y en muchos casos, como la Villa 31 o "Barrio 31" como rebautizó Horacio Rodríguez Larreta, se ha convertido en un negocio inmobiliario, donde algunos usurparon terrenos para construir y alquilar a personas que no cuentan con garantía y "se los favorece" porque allí lo que importa es que paguen un alquiler.

Ahora, y por primera vez, el Gobierno de la Ciudad ha restituido a sus propietarios, más de 700 viviendas que estaban usurpadas desde hace varios años y es razonable que así sea, porque como dice el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, “la propiedad privada, en la ciudad, se respeta”.

Susana Espósito - 2045 caracteres – Martes 05/05/26