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La Legislatura porteña votará
un nuevo marco legal para los “trapitos”

El tema de los trapitos (supuestos cuidadores de coches en la vía pública) es un problema que viene de hace mucho tiempo. Son muchas las denuncias porque se le impone a quien desea estacionar su auto una suma de dinero y si no está dispuesto a pagarla, debe retirarse o corre el riesgo de engancharse en una pelea o posterior rotura del vehiculo.

El actual jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, ha citado varias veces y en distintos medios, que es algo con lo que viene luchando desde el inicio de su gestión pero el proyecto no se trata y es cajoneado.

Ahora, parece que el proyecto llegará al recinto y en el mismo se establecen herramientas de control y multas más severas, además de ampliar los días de arresto y sumará agravantes para los casos de intimidación, organización previa y actividad en eventos masivos. Las multas se elevarían hasta $6,6 millones.

El proyecto se debatiría en la próxima sesión ordinaria, con cambios que endurecen significativamente las sanciones contra los cuidacoches y limpiavidrios, una iniciativa que busca reforzar las herramientas de control sobre una actividad que genera reiterados reclamos vecinales y que suele concentrarse en las inmediaciones de estadios, recitales y grandes espacios públicos.

La propuesta que llegará al recinto el jueves 18 unifica dos expedientes: uno impulsado por el jefe de gobierno, Jorge Macri, y otro presentado por el bloque de La Libertad Avanza. El texto final obtuvo dictamen favorable de la mayoría de los integrantes de las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales, mientras que el bloque Fuerza Buenos Aires presentó una iniciativa alternativa.

En la actualidad, el artículo 91 del Código Contravencional castiga a quien ejerce la actividad sin autorización legal con entre uno y dos días de trabajos de utilidad pública o multas de 50 a 300 unidades fijas. Con el valor vigente de la unidad fija en $949,99, esto equivale a sanciones económicas de $47.499 a $284.997. Además, cuando existe una organización previa, las penas pueden elevarse a entre cinco y 15 días de arresto. El agravante por violencia basada en género duplica los montos.

El proyecto enviado por Jorge Macri proponía elevar las sanciones a entre cinco y 30 días de arresto y pagos de entre 800 y 4000 unidades fijas, es decir, entre $759.992 y $3.799.960. También incorporaba la posibilidad de imponer prohibiciones de concurrencia o restricciones de cercanía a determinados lugares, y aumentaba las cifras para los casos de organizaciones dedicadas a la actividad.

Sin embargo, el dictamen que avanzó en la Legislatura incorpora medidas aún más severas, inspiradas en el proyecto presentado por la legisladora Pilar Ramírez. La iniciativa establece arrestos de entre diez y 30 días, trabajos de utilidad pública de 20 a 45 días o penas económicas de 1200 a 7000 unidades fijas, lo que representa montos que oscilan entre $1.139.988 y $6.649.930. Asimismo, prevé la prohibición de concurrencia y la interdicción de cercanía a determinados lugares.

Entre las incorporaciones más relevantes aparece el agravante por intimidación que permitirá duplicar las sanciones cuando se acrediten amenazas o conductas intimidatorias hacia los automovilistas en la vía pública. Además, cuando exista una organización previa, las penas podrán llegar hasta 50 días de arresto para los partícipes, con un máximo de 60 días para los jefes o coordinadores.

El texto también avanza sobre aquellas personas que, sin autorización legal, lleven adelante la actividad en las inmediaciones de eventos masivos, estadios o grandes parques dentro de un radio de 30 cuadras del lugar donde esté programada el espectáculo desde las tres horas antes de su inicio y hasta dos horas después de su finalización. En este caso, la sanción también se eleva hasta 50 días de arresto para los partícipes y hasta un máximo de 60 para los jefes.

Si se trata de un estadio, se establecen penalidades a la entidad que van de 10.000 a 40.000 unidades fijas –entre $9.499.900 y $37.999.600– y clausuras de 30 a 90 días cuando se compruebe la existencia de esta actividad en los alrededores de los espectáculos.

Otro de los puntos contempla la incorporación de penalidades accesorias que contienen la inhabilitación para acceder a programas sociales, subsidios o beneficios estatales durante dos años, además de la aplicación de la multa máxima prevista para la contravención.

La “la ley antitrapitos forma parte de la recuperación del espacio público para tener una ciudad con más orden y en cumplimiento de la ley”. Se trata de una iniciativa “prioritaria para los vecinos”. “Este dictamen es un gran paso para evitar prácticas que intimiden por el uso del espacio público”, sostuvo la legisladora de PRO Gimena Villafruela, aunque como suele ocurrir, hay opiniones de todo tipo, a favor, en contra y la de otros que no dicen por qué, pero se oponen, antes de debatir el tema y buscar una solución razonable.

Susana Espósito - 4985 caracteres – Viernes 12/06/26 - Fuente: Legislatura porteña